COSTA RICA 2022
Resumen ejecutivo
La constitución reconoce la religión católica romana como la religión del estado; la ley requiere que el estado contribuya al mantenimiento de la Iglesia Católica. La constitución prohíbe que el estado impida el libre ejercicio de religiones que no impugnen la “moralidad universal o el comportamiento adecuado”, y prevé la reparación en casos de presuntas violaciones de la libertad religiosa.
En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que modifica el código penal y establece de 20 a 35 años de prisión por un homicidio motivado por la afiliación a una clase protegida, incluida la religión. Durante el año, la Asamblea Legislativa no revisó ni actuó sobre un proyecto de ley que reformaría la constitución para convertir al país en un estado laico. En agosto, un tribunal condenó y multó a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, y a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José por el encubrimiento de un abuso sexual por parte de un exsacerdote católico, a quien un tribunal condenó a principios del año a 20 años de prisión por violación y abuso sexual de un menor. En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley de empleo público con un artículo sobre la objeción de conciencia, incluida la basada en creencias religiosas. Algunos líderes religiosos no católicos continuaron afirmando que la constitución no abordó suficientemente las preocupaciones específicas de sus grupos religiosos, en particular con respecto a los procesos de registro. Tras su elección en abril, el presidente Rodrigo Chaves Robles afirmó que, como católico declarado, creía que “la fuerza para gobernar se alimenta del temor de Dios”, y reiteró su oposición a la eutanasia y al aborto. Chaves se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Costarricense, la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y el Centro Sionista Israelita para tratar temas de interés mutuo.
Continuaron los casos de lenguaje anticatólico en las redes sociales, supuestamente impulsados por investigaciones de alto nivel de sacerdotes acusados de abuso sexual. Los ejemplos incluyeron llamar a los sacerdotes pedófilos flagrantes. Los líderes de la comunidad judía continuaron informando sobre comentarios contra Israel, algunos de los cuales se consideraron antisemitas, aunque no dirigidos a los judíos que viven en el país. Según el Centro Sionista Israelita, muchos de los comentarios recopilados se derivan de la ignorancia o de un sesgo ideológico contra el estado de Israel.
El Foro Interreligioso de Costa Rica, creado en 2016 con participantes de comunidades católicas, cristianas evangélicas, luteranas, judías, budistas, bahaíes, musulmanas e indígenas, continuó promoviendo el diálogo entre las comunidades de fe del país.
Representantes de la embajada de Estados Unidos se reunieron con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del Ministerio de Educación Pública para actualizar la situación de los temas religiosos bajo la nueva administración del presidente Chaves. Los funcionarios de la embajada también se reunieron con representantes del Centro Sionista Israelita, la Iglesia Católica y la FAEC durante el año. Los funcionarios de la embajada organizaron una mesa redonda interreligiosa con líderes de las comunidades musulmana, judía, cristiana evangélica y católica, así como con representantes del Foro Interreligioso. La embajada usó las redes sociales para enviar mensajes de felicitación a grupos religiosos en ocasiones religiosas especiales que destacaron la tolerancia y el respeto por la diversidad religiosa.
Sección I. Demografía religiosa
El gobierno de los EE. UU. estima que la población total es de 5,2 millones (mediados de año 2022). Según un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicado en 2021, los católicos representan aproximadamente el 47 por ciento de la población (en comparación con el 49 por ciento en 2019); sin afiliación religiosa, 27 por ciento (20 por ciento en 2019); cristianos evangélicos, 19 por ciento; otros protestantes, 1,0 por ciento (el estudio de 2019 estimó que todos los protestantes combinados eran un 36 por ciento); sin respuesta, 6 por ciento, y otros, 2,7 por ciento.
La mayoría de los protestantes son pentecostales, con un número menor de luteranos y bautistas. Se estima que hay 32.000 testigos de Jehová, predominantemente en la costa del Caribe. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estima su membresía en 50,000. El Centro Sionista de Israel estima que hay entre 3.000 y 3.500 judíos en el país. Aproximadamente 1000 cuáqueros viven cerca de la reserva del bosque nuboso de Monteverde, Puntarenas. Los grupos más pequeños incluyen seguidores del Islam, el taoísmo, la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna, Cienciología, Tenrikyo y la Fe Baha’i. Hay una pequeña comunidad de rastafaris en Cahuita. Algunos miembros de grupos indígenas practican el animismo.
Sección II. Estado del respeto del gobierno por la libertad religiosa
Marco legal
La constitución establece el catolicismo como la religión del estado y requiere que el estado contribuya a su mantenimiento. La constitución prohíbe que el estado impida el libre ejercicio de otras religiones que no socaven la “moralidad universal o el comportamiento correcto”. A diferencia de otros grupos religiosos, la Iglesia Católica recibe un reconocimiento legal especial en virtud de un Concordato y no está registrada como asociación. Sus bienes y propiedades se rigen de conformidad con el derecho canónico católico.
La constitución reconoce el derecho a practicar la religión de su elección. Por ley, una persona que alegue una violación de la libertad religiosa puede presentar una demanda ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también puede presentar una moción ante la Sala Constitucional para que se declare inconstitucional una ley o reglamento. Además, una persona que alegue una violación de la libertad religiosa puede apelar a un Tribunal Administrativo para demandar al gobierno por presuntos actos discriminatorios. Las protecciones legales cubren la discriminación por parte de personas y entidades privadas, así como del gobierno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es responsable de administrar la relación del gobierno con la Iglesia Católica y otros grupos religiosos. De acuerdo con la ley, un grupo con un mínimo de 10 personas puede incorporarse como una asociación con personalidad jurídica inscribiéndose en el registro público del Ministerio de Justicia. El gobierno no requiere que los grupos religiosos se registren; sin embargo, los grupos religiosos deben registrarse si deciden participar en cualquier tipo de recaudación de fondos. El registro también les da derecho a obtener representación legal y legitimación para poseer bienes.
La constitución prohíbe que el clero católico sirva en calidad de presidente, vicepresidente, miembro del gabinete o juez de la Corte Suprema. Esta prohibición no se aplica al clero no católico.
Una orden ejecutiva proporciona el marco legal para que los grupos religiosos establezcan lugares de culto. Deben presentar solicitudes a la municipalidad local para establecer un lugar de culto y cumplir con las normas de seguridad y ruido establecidas por ley.
De acuerdo con la ley, las escuelas públicas deben brindar instrucción religiosa cristiana no sectaria para todos los grados a cargo de una persona que pueda promover los valores morales y la tolerancia y ser respetuosa de los derechos humanos. Si un padre en nombre de un niño elige optar por no participar en cursos religiosos, el padre debe hacer una solicitud por escrito. El Ministerio de Educación Pública (MEP) brinda asistencia para la educación religiosa a las escuelas privadas, tanto católicas como no católicas, lo que incluye la contratación directa de maestros y el suministro de salarios de maestros y otros fondos para todos los grados.
La ley permite que el gobierno proporcione tierras de forma gratuita únicamente a la Iglesia Católica.
Solo los sacerdotes católicos y los notarios públicos pueden celebrar matrimonios reconocidos por el estado. Las ceremonias de matrimonio realizadas por otros grupos religiosos deben ser legalizadas a través de una unión civil.
La ley de inmigración exige que los trabajadores religiosos extranjeros pertenezcan a un grupo religioso acreditado para fines de control migratorio por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Estipula que los trabajadores religiosos pueden recibir un permiso, que es renovable, para permanecer al menos 90 días, pero no más de dos años. Para obtener la acreditación, un grupo religioso debe presentar documentación sobre su organización, incluido su nombre completo, número de seguidores, información bancaria, número de lugares de culto y nombres e información sobre la junta directiva del grupo. Las regulaciones de inmigración requieren que los trabajadores religiosos soliciten la residencia temporal antes de su llegada.
El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Prácticas Gubernamentales
El 22 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un proyecto de ley que aborda los homicidios motivados por el odio. Luego, el presidente Carlos Alvarado firmó el proyecto de ley el 25 de marzo. El proyecto de ley modificaba el código penal para ordenar penas de prisión de 20 a 35 años para las personas condenadas por un homicidio motivado por la afiliación a una clase protegida, que incluye la religión. La Asamblea Legislativa continuó revisando un segundo proyecto de ley sobre delitos de odio. Presentado en 2020, el segundo proyecto de ley sobre delitos de odio también exigiría de 20 a 35 años de encarcelamiento por homicidio motivado por el odio y, además, incluiría de tres a 10 años de encarcelamiento por tortura motivado por la afiliación de una clase protegida, incluida la religión, así como la situación económica, el estado de salud o la opinión política. El proyecto de ley añadió artículos al código penal para incluir nuevos tipos de discriminación, como la difusión de la discriminación racial y penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos por actos de genocidio, tortura y discriminación por motivos de raza.
En agosto, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José condenó y multó a la Conferencia Episcopal Costarricense, al Arzobispo Quirós Quirós, y a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José por el encubrimiento de abuso sexual por parte de un exsacerdote católico, quien a principios de año un tribunal condenó a 20 años de prisión por la violación y abuso sexual de un menor. El tribunal ordenó a la Iglesia Católica pagar 65 millones de colones ($110 millones) más costos legales por aproximadamente 10,6 millones de colones ($18 millones) a la víctima. En octubre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica declaró que apelaría el fallo, con base en la ley de prescripción.
El 7 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley de empleo público que incluía un artículo sobre la objeción de conciencia, incluida la objeción basada en creencias religiosas. Algunos grupos religiosos solicitaron esta disposición para eximir a los empleados públicos de participar en cursos de capacitación para lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, personas raras (queer) e intersexuales requeridos por el gobierno.
Durante el año, la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa no revisó ni actuó en dos proyectos de ley presentados originalmente en 2019. Uno de esos proyectos de ley reformaría la constitución para convertir al país en un estado laico. El otro proyecto de ley definiría las responsabilidades legales de los grupos religiosos en relación con la mala conducta y los actos ilegales cometidos por líderes religiosos afiliados a ellos. Este proyecto de ley también proponía enmendar el código penal para colocar a los líderes religiosos u organizaciones que utilizan sus actividades para actos ilegales bajo un código penal distinto. Según un asesor legislativo, los proyectos de ley vencerán en mayo de 2023 si no hay más acciones legislativas.
Los grupos religiosos no católicos volvieron a afirmar que la constitución no aborda suficientemente las preocupaciones específicas de sus grupos religiosos, en particular en lo que respecta a los procesos de registro. Los miembros de grupos protestantes registrados como asociaciones seculares continuaron manifestando su preferencia por un proceso de registro separado que cubriría específicamente la construcción y operación de iglesias, permisos para organizar eventos y acceso pastoral a hospitales y prisiones para miembros de grupos religiosos no católicos. Estos grupos continuaron buscando reformas legislativas para permitir estos cambios a través de la aprobación de un proyecto de ley de libertad religiosa bajo revisión legislativa desde 2018. En octubre, los miembros de la nueva Asamblea Legislativa que asumieron el cargo en mayo extendieron el plazo de vencimiento del 10 de octubre al 11 de octubre de 2026, para aprobar el proyecto de ley de libertad religiosa propuesto. Si se aprueba, el proyecto de ley abordaría las preocupaciones de los grupos no católicos con respecto al registro de grupos religiosos, incluso mediante un lenguaje que aclare la definición de grupos religiosos. Según funcionarios del gobierno, en los casos en que el gobierno denegó el registro de un grupo religioso, a menudo se debió a que el propósito o la actividad principal del grupo no incluía el culto. En el caso de la Iglesia Católica, el gobierno continuó abordando tales preocupaciones a través del reconocimiento legal especial otorgado a la iglesia bajo la ley canónica.
Durante el año, la Sala Constitucional recibió seis demandas por negación del libre ejercicio de la religión en instituciones públicas debido a la vacunación obligatoria contra el COVID-19, en comparación con 12 demandas en 2021. La Sala Constitucional desestimó todas las demandas presentadas durante el año por insuficiencia de pruebas de discriminación o porque la Sala no encontró base para alegar discriminación.
Por primera vez en una década, el gobierno no incluyó el apoyo financiero para la Iglesia Católica y los grupos cristianos evangélicos en su presupuesto anual presentado el 1 de septiembre y aprobado el 28 de noviembre. El presupuesto no incluyó fondos para tierras de gobierno a la iglesia, transferencias que normalmente se concedían mediante legislación periódica. La financiación anterior de los grupos cristianos evangélicos fue principalmente para renovar los lugares de culto. Según el director de la FAEC, la falta de fondos gubernamentales no representaba una gran preocupación para sus iglesias miembro porque los fondos gubernamentales siempre habían sido una pequeña parte de los presupuestos de sus iglesias.
En octubre, un funcionario del MEP declaró que después de que se reiniciaron las clases presenciales en febrero, y tras la disminución del COVID-19, los administradores escolares permitieron la práctica de leer una oración o una meditación antes de un evento escolar público. Según una determinación del departamento legal del MEP, leer una oración o meditación antes de un evento escolar público era una demostración aceptable de la cultura y los valores del país de acuerdo con una decisión del 2019 de la Sala Constitucional que aprobó el uso de imágenes religiosas en las escuelas. La decisión del departamento legal del MEP siguió a las solicitudes de los funcionarios escolares sobre el uso de imágenes religiosas en los centros educativos y el rezo de oraciones antes de los eventos escolares públicos.
Según el MEP, el currículo de educación religiosa era un medio para promover los valores morales y el respeto por los derechos humanos, más que para educar sobre una doctrina religiosa específica. Los funcionarios del MEP dijeron que, en ocasiones, la falta de comprensión del propósito y la función de la educación religiosa era motivo de preocupación para algunos padres. Según el MEP, este desconocimiento llevó a los padres a afirmar erróneamente que en las escuelas se habían producido abusos de la libertad de conciencia o de la libertad de religión o de creencias.
Tras su elección en abril, el presidente Chaves afirmó que, como católico declarado, creía que “la fuerza para gobernar se alimenta del temor de Dios” y que se oponía a la eutanasia y al aborto. Durante la ceremonia de toma de posesión, el presidente Chaves prestó juramento con la mano derecha sobre la Biblia, protocolo no seguido por las dos administraciones anteriores. El 8 de septiembre, la administración Chaves nombró al padre Ronald León como capellán de la oficina presidencial, cargo que las dos administraciones anteriores habían dejado sin ocupar.
Al comienzo de su administración, el presidente Chaves se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y con la FAEC para discutir temas de educación, violencia, calidad de los servicios públicos y bienestar general. Chaves también se reunió con miembros del Centro Sionista Israelita para discutir temas de interés mutuo.
El 24 de junio, participaron en una conferencia organizada por la Universidad Católica en la que el Arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede (equivalente a ministro de Relaciones Exteriores), habló sobre el estado laico y la libertad religiosa. Tras el evento, Chaves afirmó que era inapropiado “abrir el debate” sobre la reforma de la constitución para convertir al país en un estado laico, y expresó su preocupación de que hacerlo podría abrir una “caja de pandora”.
Los líderes cristianos católicos y evangélicos dijeron que el mayor compromiso de la administración Chaves era bienvenido. También dijeron que la Asamblea Legislativa había manifestado interés en consultarles sobre la legislación pendiente para legalizar el consumo recreativo de marihuana. Los líderes de la comunidad musulmana abogaron por un proceso legislativo que alentaría consultas no obligatorias con todas las comunidades religiosas sobre la legislación propuesta.
Después de las elecciones en febrero para elegir a los miembros de la Asamblea Legislativa y después de que éstos asumieran el cargo en mayo, los representantes del partido político Nueva República ocuparon siete de los 57 escaños legislativos del país. El partido político Nueva República incluye miembros de grupos cristianos evangélicos. El número de escaños ocupados constituyó una disminución de los 14 escaños ocupados por partidos políticos vinculados a grupos cristianos evangélicos en el período anterior de la Asamblea Legislativa. Según el Tribunal Supremo Electoral, 38 cristianos evangélicos continuaron como representantes en 82 gobiernos municipales. La FAEC nuevamente aconsejó a los pastores que se abstuvieran de postularse para cargos políticos, pero no desaconsejó involucrarse en cuestiones políticas. Los líderes católicos continuaron defendiendo el derecho de la Iglesia Católica a participar en el proceso político. De los 30 partidos políticos registrados para las elecciones generales del 6 de febrero, siete manifestaron ser de afiliación religiosa católica o cristiana evangélica.
Citando motivos morales, grupos e instituciones religiosas, incluida la Iglesia Católica y la FAEC, continuaron manifestando su oposición a las relaciones entre personas del mismo sexo y a la legislación aprobada e implementada en 2020 que reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. En una sesión de octubre de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la legisladora de la Nueva República Gloria Navas leyó versículos bíblicos durante un debate sobre la legislación para prohibir la terapia de conversión, afirmando que para los cristianos la homosexualidad estaba prohibida.
La Iglesia Católica y los grupos cristianos evangélicos continuaron oponiéndose al aborto. Durante la campaña presidencial, grupos religiosos pidieron al entonces candidato presidencial Chaves que llevara a cabo una revisión de la orden ejecutiva del 2019 sobre el aborto, en caso de que llegara al poder. Dicha orden permitió un aborto cuando la vida o la salud de una mujer estaba en juego y permitió que el personal de salud se negara a realizar un aborto por motivos religiosos. En junio, el presidente Chaves anunció la creación de una nueva comisión de normas técnicas para revisar la orden ejecutiva. Sin embargo, al finalizar el año, el presidente no había anunciado los miembros de la comisión.
En junio, el MEP celebró la Semana Nacional de Educación Religiosa anual para promover la convivencia pacífica a través del respeto a la diversidad religiosa, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Las escuelas individuales prepararon sus propias actividades patrocinadas por la escuela en línea con estos objetivos.
En febrero, la Asamblea Legislativa conmemoró a los sobrevivientes y víctimas del Holocausto a través de un evento apoyado por la embajada de Israel. En el acto, el entonces diputado Carlos Avendaño afirmó que “es nuestra obligación como sociedad recordar estos hechos para que no se repitan estas atrocidades”.
Sección III. Estado del respeto social por la libertad religiosa
Un estudio de la ONU de junio encontró que el discurso de odio en el país había crecido un 71 por ciento en comparación con 2021. La investigación analizó el discurso de odio y las redes sociales en el país de 2021 a 2022. De los 937.000 mensajes analizados, el estudio de la ONU clasificó 53.000, o aproximadamente 6 por ciento, por tener una conexión con la religión. El estudio afirmó que la mayoría de los mensajes negativos contra la religión estaban relacionados con la ideología política, y la opinión predominante abogaba por la separación de la religión de la política.
Los casos de lenguaje anticatólico en las redes sociales continuaron después de que los informes de los medios detallaran las continuas investigaciones de alto nivel de sacerdotes católicos acusados de abuso sexual y miembros de la iglesia sospechosos de encubrir estos abusos. Numerosas publicaciones en las redes sociales criticaron a la iglesia luego de la condena y multa de la Conferencia Episcopal Costarricense, el arzobispo José Rafael Quirós Quirós, y Temporalidades de la Arquidiócesis de San José por el encubrimiento del abuso sexual por parte de un exsacerdote católico. Una publicación incluía llamar a los sacerdotes “pedófilos flagrantes”. Otra publicación condenó a la iglesia por emprender acciones legales para evitar pagar la multa. El exsacerdote católico fue condenado a 20 años de prisión por la violación y abuso sexual de un menor.
Los líderes de la comunidad judía continuaron informando sobre comentarios antiisraelíes que aparecían en las redes sociales, algunos de los cuales, dijeron, eran antisemitas, aunque no estaban dirigidos a los judíos que vivían en el país y no se debían al antisemitismo generalizado a nivel nacional. El Centro Sionista Israelita de Costa Rica reportó comentarios antisemitas que detectó en línea a través de su Observatorio Web Antidiscriminación, que recopila incidentes antisemitas y mensajes publicados en redes sociales. Algunos mensajes continuaron combinando comentarios negativos contra personas judías con críticas a las acciones israelíes. Por ejemplo, un mensaje sobre la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh en mayo generó una ola de comentarios, algunos comparando al Estado israelí con los nazis. El Centro Sionista también informó sobre algunos comentarios antisemitas contra el candidato presidencial judío Eliecer Feinzaig durante las elecciones nacionales. Feinzaig ingresó a la Asamblea Legislativa en mayo.
Si bien celebraron la adopción social de la tolerancia religiosa en el país, los líderes musulmanes percibieron una falta de conciencia social sobre las prácticas y tradiciones religiosas islámicas. Debido a esta falta de conciencia, dijeron los líderes, algunas personas recurrieron a estereotipos dañinos al caracterizar a los miembros de la comunidad musulmana.
El Foro Interreligioso de Costa Rica, una asociación de grupos religiosos para fomentar el diálogo interreligioso entre sus miembros continuó promoviendo el diálogo entre los líderes religiosos, con la participación de representantes de la Iglesia católica, cristiana evangélica, protestante, luterana, judía, bahaí, budista, y creencias indígenas.
Sección IV. Política y compromiso del gobierno de EE. UU.
Durante el año, representantes de la embajada de EE. UU. se reunieron con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para discutir las políticas y prioridades de la nueva administración con respecto a la libertad religiosa y el respeto por la diversidad religiosa. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, un representante de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado visitó el país y se reunió con funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y la sociedad civil para reforzar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con la tolerancia y la diversidad religiosa.
En octubre, representantes de la embajada se reunieron con el Centro Sionista de Israel para discutir temas de importancia para la comunidad judía y solicitar la perspectiva de la organización sobre el antisemitismo en el país. También en octubre, el personal de la embajada se comprometió con un representante de la FAEC para discutir las perspectivas de la organización sobre la libertad religiosa en el país, el estado de las iglesias dentro de la alianza y la situación de las iglesias miembros después de la pandemia. En noviembre, los funcionarios de la embajada también se reunieron con el canciller de la Iglesia Católica, el principal encargado del registro de las iglesias, para escuchar la opinión de la comunidad católica, perspectivas sobre la situación general de la libertad religiosa y discutir temas de importancia para la Iglesia Católica.
En diciembre, funcionarios de la embajada organizaron una mesa redonda interreligiosa con líderes del Foro Interreligioso y comunidades musulmanas, judías, cristianas evangélicas y católicas para discutir la promoción de la libertad religiosa y los esfuerzos para alentar el diálogo interreligioso. En sus comentarios, un alto funcionario de la embajada enfatizó el compromiso del gobierno de los EE. UU. de proteger y promover la libertad religiosa. Según el funcionario, “La libertad religiosa es un derecho humano universal y un valor fundamental de los Estados Unidos. Estados Unidos está comprometido a defender y apoyar la libertad de religión”.
La embajada siguió utilizando las redes sociales para enviar mensajes de felicitación destacando la tolerancia y el respeto por la diversidad religiosa a los grupos religiosos en ocasiones religiosas especiales. Los ejemplos incluyeron el mensaje de la Embajadora reconociendo el restablecimiento de la peregrinación anual en honor a la Virgen de los Ángeles, la santa patrona del país, luego del levantamiento de las restricciones de salud por la pandemia del COVID-19. La Embajadora enfatizó la importancia de retomar tradiciones que “unifican y nos llenan de esperanza”.
