Informe de Trata de Personas del Departamento de Estado 2018
Traducción no oficial
COSTA RICA: Nivel 2
El Gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró mayores esfuerzos en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, Costa Rica se mantuvo en el Nivel 2. El gobierno demostró un creciente esfuerzo investigando, enjuiciando y condenando a más tratantes; abordó la complicidad arrestando a un oficial de policía por presuntamente ayudar a una red de trata; identificando a más víctimas de trata que en el año anterior; y aprobando un nuevo protocolo para mejorar la identificación de las víctimas de trata infantil. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. La distribución de recursos financiados por el gobierno para hacer frente a la trata siguió siendo insuficiente, en particular en el ámbito de la protección y asistencia a las víctimas, que siguió siendo desigual para las víctimas masculinas. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que los mecanismos de referencia no siempre se implementaron de manera efectiva u oportuna. Las autoridades no condenaron a ningún funcionario cómplice de la trata de personas ni de los delitos relacionados con la trata.
Recomendaciones para Costa Rica
Aumentar la distribución de fondos para los servicios a las víctimas y proporcionar refugio y servicios especializados para las víctimas de la trata, incluidos hombres y personas LGBTI, en asociación con organizaciones de la sociedad civil; intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata, en particular los casos de trata laboral, así como condenar y castigar a los tratantes; aumentar la identificación y referencia de las víctimas, particularmente en los casos que ocurren fuera de la capital; realizar investigaciones criminales exhaustivas y transparentes en los casos de supuesta complicidad de funcionarios del gobierno en los delitos de trata de personas y enjuiciar, condenar y castigar a los funcionarios que resulten cómplices; aumentar los esfuerzos para investigar, enjuiciar y condenar a los turistas sexuales infantiles y a los clientes de actos sexuales comerciales con niños víctimas de la trata; aumentar la capacitación de la policía, los fiscales y los jueces contra la trata de personas; y mejorar la recopilación de datos sobre la aplicación de la ley y los esfuerzos de protección de las víctimas.
Procesos Judiciales
El gobierno aumentó los esfuerzos de aplicación de la ley. La Ley contra la Trata de Personas y la creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) en el 2013, no tipificaban como delito todas las formas de trata de personas sexual y laboral porque exigía que hubiera movimiento para que se constituyera el delito de trata. Específicamente tipificaba como delito de trata, los actos de promoción, facilitación o favorecimiento de la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional de personas con fines de prostitución, explotación sexual o laboral o servidumbre, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, el trabajo o servicio forzado, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilegal de órganos o adopción ilegal. De manera inconsistente con el derecho internacional, la ley estableció el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factores agravantes, en lugar de elementos esenciales del delito. La ley definió ampliamente la trata para incluir la adopción irregular sin que mediara el propósito de explotación y explotación laboral. El artículo 172 tipifica como delito la trata sexual y establece penas de cuatro a 20 años de prisión; estas sanciones fueron, con respecto a la trata sexual lo suficientemente estrictas y, proporcionales a otros delitos graves. Además del artículo 172, los funcionarios utilizaron delitos relacionados con la trata de personas para enjuiciar los casos de trata, incluido el proxenetismo agravado (artículo 170) y la rufianería (artículo 171). Estos artículos establecen penas de dos a 10 años de prisión; estas sanciones son, con respecto a la trata sexual, lo suficientemente estrictas y, proporcionales a otros delitos graves, como la violación. El artículo 189 tipifica como delito el trabajo o servicios forzados y establece penas de cuatro a ocho años de prisión; estas sanciones fueron lo suficientemente estrictas. El 8 de mayo del 2018, el gobierno firmó una enmienda a los artículos 172 y 189, que alinearon la definición del delito de trata de personas en la ley, más estrechamente con el derecho internacional, al eliminar el requisito de movimiento y establecer la fuerza, el fraude o la coacción como elementos esenciales del delito, excepto en el caso de la trata sexual de menores donde estos medios no son necesarios.
La Fiscalía General informó que investigó 62 casos de trata de personas basados en el movimiento (artículo 172), proxenetismo forzado (artículo 171), proxenetismo agravado (artículo 170) y trabajo o servicios forzados (artículo 189), en comparación con 27 casos nuevos en 2016. El gobierno inició 41 nuevos procesamientos y condenó a cinco tratantes en virtud de los artículos 172 y 189 a penas que van de cinco a 23 años de prisión, en comparación con 39 nuevos procesamientos y una condena en virtud del artículo 172 en 2016. Casos notables incluyen proxenetismo agravado y la rufianería en bares, trata laboral como sirvientas domésticas, y redes transnacionales de trata sexual donde los tratantes reclutaban víctimas con falsas promesas de empleo en agencias de modelos y restaurantes y las explotaban en el comercio sexual. Los observadores notaron mejoras en la coordinación entre el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, pero un retraso considerable en los casos penales, incluidos los casos de trata de personas, desaceleró los procesamientos. El Poder Judicial de Costa Rica comenzó a desarrollar un “Plan estratégico para el enjuiciamiento de la trata de personas” para abordar sus deficiencias y avanzar en elementos clave del plan durante un taller realizado en marzo del 2018. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata de personas a las fuerzas del orden público, el sector judicial, funcionarios de bienestar infantil, profesionales de la educación y miembros de la sociedad civil. El gobierno informó que el ex alcalde acusado de establecer una red de trata en el 2011, todavía estaba en espera de juicio. Las autoridades arrestaron a un agente de policía por supuestamente ayudar a una red criminal de trata de personas que operaba desde un bar durante el período del informe; el oficial permaneció en custodia pendiente de juicio. El gobierno no condenó a ningún funcionario cómplice en la trata de personas ni en delitos relacionados con la trata.
Protección
El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas. El gobierno identificó 34 víctimas de trata (24 de trata sexual, nueve de trabajo forzado, y uno de ambos: trata sexual y trabajo forzado) bajo la ley especializada contra la trata, en comparación con 17 víctimas de trata en el 2016 (12 de trata sexual de personas y cinco de trabajo forzado) y tres víctimas de trata sexual en 2015. El gobierno proporcionó refugio y servicios de salud, legales y psicológicos a 38 víctimas potenciales o sus dependientes durante el período del informe, incluidas 20 mujeres, cuatro hombres, 11 niñas y tres niños. Las posibles víctimas y sus dependientes recibieron servicios inmediatos, y las 38 fueron “acreditadas” según los protocolos de Costa Rica. Las autoridades policiales utilizaron procedimientos escritos para identificar víctimas entre grupos vulnerables, como migrantes e individuos en prostitución, y remitieron víctimas identificadas al organismo interinstitucional contra la trata de personas, de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) para coordinar los servicios prestados. En el 2017, el gobierno aprobó el “Protocolo institucional para la atención de menores y sobrevivientes de la trata de personas”, que establece los pasos que los funcionarios deben seguir para detectar un delito, especialmente un posible caso de trata de personas.
La CONATT coordinó la asistencia a las víctimas de la trata, incluida la asistencia de emergencia, a corto y largo plazo, que incluye alimentos, alojamiento y servicios de salud, financieros, legales y psicológicos. El gobierno ayudó a víctimas menores de edad a través de una red de albergues dedicada para menores y dos ONGs financiadas por el gobierno. Las autoridades remitieron a las víctimas a los servicios, a discreción caso por caso; no todas las víctimas recibieron el mismo nivel de protección. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que los mecanismos de referencia no siempre se implementaron de una manera efectiva u oportuna, y recomendaron que el gobierno proporcione el transporte de las víctimas a las instituciones que brindan la asistencia. El gobierno, a través del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT) desembolsó 132 millones de colones ($ 234,000) para financiar servicios a las víctimas de trata en el 2017, en comparación con 122 millones colones ($ 216,310) en el 2016. La agencia de bienestar infantil proporcionó financiamiento directo y un subsidio por víctima, para las víctimas identificadas, a un refugio para niños administrado por una ONG. El gobierno también destinó 97,4 millones de colones ($ 172,700) de los fondos de la lotería a una ONG que brinda servicios a víctimas de trata, en comparación con 91 millones colones ($ 161,350) en el 2016. El gobierno no brindó albergue especializado o servicios dedicados a víctimas masculinas, aunque los refugios de emergencia y las casas de refugio podrían usarse para víctimas masculinas o femeninas. Los observadores informaron que, a pesar de los recursos gubernamentales dedicados a los esfuerzos contra la trata de personas, incluidos los servicios a las víctimas, la falta del desembolso total de estos recursos, obstaculizó la capacidad del país para abordar el problema de la trata. La ley costarricense permitió a 17 víctimas brindar su testimonio fuera de los tribunales en el 2017 para evitar volver a traumatizar a las víctimas. El gobierno otorgó residencia temporal, con permiso para trabajar o estudiar, a dos víctimas extranjeras en 2017. El gobierno trabajó con un gobierno extranjero para repatriar a una víctima de trata costarricense en el 2017. No hubo informes de que el gobierno penalizara a las víctimas de trata por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser objeto de trata.
PREVENCIÓN
El gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención. La CONATT se reunió periódicamente para revisar el progreso en las áreas de investigación, protección, prevención y enjuiciamiento; presentó un informe público sobre sus logros cada cuatro meses; y financió una organización internacional para desarrollar un nuevo plan de acción nacional para el período 2018-2022. En el 2017, el gobierno asignó 1.600 millones de colones ($ 2,8 millones) y desembolsó 1.030 millones de colones ($ 1.8 millones) para financiar 11 programas contra la trata, incluidas campañas de prevención, un programa de seguridad comunitaria, compra de vehículos y capacitación y apoyo técnico para las entidades del gobierno. Las autoridades financiaron la campaña nacional de concientización pública “Corazón Azul” de las Naciones Unidas a través de anuncios en vallas publicitarias, autobuses y en instalaciones turísticas; promocionó la línea directa 9-1-1 con mensajes anti trata en billetes de lotería nacionales; y celebró eventos públicos para advertir sobre los peligros de la trata. La Policía Judicial operó una línea directa 9-1-1 disponible para informes generales de delitos, pero informó que no recibió llamadas de casos de trata. El gobierno hizo esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales y trabajo forzado. El gobierno trabajó para reducir la vulnerabilidad de los hijos de los trabajadores indígenas migrantes en el sector cafetalero mediante la ampliación de la disponibilidad de centros de cuidado infantil. El gobierno instruyó a los reclutadores de mano de obra de empresas nacionales e internacionales sobre las consecuencias de la violación a las normas contra la trata de personas, pero no informó sobre la investigación o penalización de reclutadores de mano de obra por prácticas ilegales que contribuyan a la trata de personas. El gobierno realizó campañas de concientización sobre el turismo sexual infantil e integró el código internacional de conducta relacionado con la explotación sexual comercial, en las agencias de viajes y de turismo en su programa nacional de turismo. El gobierno continuó investigando y enjuiciando a las personas que pagaban a las víctimas de trata menores de edad, con fines de explotación sexual comercial, resultando en 62 investigaciones y tres condenas en comparación con 35 investigaciones y al menos una condena en el 2016. Trabajando en colaboración con socios internacionales, el gobierno denunció la negación de entrada a todos los 57 delincuentes sexuales registrados en el extranjero que intentaron viajar a Costa Rica como turistas en el 2017.
PERFIL DE LA TRATA
Como se informó en los últimos cinco años, Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata sexual y trabajo forzado. Las mujeres y los niños costarricenses están sujetos a la trata sexual dentro del país, y los que viven en las zonas costeras del Pacífico norte y central son particularmente vulnerables. Las autoridades han identificado adultos que usan niños para transportar o vender drogas; algunos de estos niños pueden ser víctimas de trata. Los migrantes que se dirigían a los Estados Unidos seguían siendo víctimas vulnerables a la trata. Las personas LGBTI, en particular las personas transgénero costarricenses, son vulnerables a la trata sexual. Las mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas del trata sexual y servidumbre doméstica. El turismo sexual infantil es un problema grave, y los turistas sexuales infantiles llegan principalmente de los Estados Unidos y Europa. Hombres y niños de otros países de América Central son sometidos a trabajos forzados en Costa Rica, particularmente en los sectores de la agricultura y el servicio doméstico. Hombres y mujeres nicaragüenses transitan por Costa Rica rumbo a Panamá, donde algunos son sometidos a trabajos forzados o a la trata sexual. Los indígenas panameños también son vulnerables al trabajo forzoso en la agricultura en Costa Rica.
