Informe de Trata de Personas del Departamento de Estado 2019
Traducción no oficial
COSTA RICA (Nivel 2)
El gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos crecientes en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, Costa Rica se mantuvo en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron investigar y condenar a más tratantes, tomar medidas de aplicación de la ley contra funcionarios del gobierno que eran cómplices, modificar la ley para establecer la fuerza, el fraude y la coacción como elementos esenciales y eliminar el movimiento como un elemento requerido para definir el delito, y proporcionar más fondos para servicios a las víctimas. Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. El desembolso de los recursos financiados por el gobierno para abordar la trata de personas no alcanzó las metas asignadas y siguió siendo insuficiente en términos generales. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que las autoridades no siempre implementaron mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna o en coordinación con ellos.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES:
Intensificar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de personas, y condenar y castigar a los tratantes. • Reducir la acumulación significativa de casos de trata en el sistema judicial. • Aumentar la identificación y referencia de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con la sociedad civil. • Llevar a cabo investigaciones criminales exhaustivas y transparentes en casos de presunta complicidad de funcionarios del gobierno en delitos de trata de personas y procesar, condenar y castigar a los funcionarios que resulten cómplices. • Aumentar el desembolso de fondos para servicios a las víctimas y proporcionar albergue y servicios especializados para víctimas de la trata en asociación con organizaciones de la sociedad civil. • Aumentar los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los turistas sexuales con niños y a los clientes de actos sexuales comerciales con niños víctimas de la trata infantil. • Aumentar la capacitación contra la trata de personas para policías, fiscales y jueces. • Mejorar la recopilación de datos sobre la aplicación de la ley y los esfuerzos de protección de víctimas.
PROCESOS JUDICIALES
El gobierno incrementó los esfuerzos de aplicación de la ley. El artículo 172 del Código Penal tipificó como delito la trata sexual y la trata laboral y estableció penas de seis a 10 años de prisión por delitos relacionados con una víctima adulta, y de ocho a 16 años de prisión para las víctimas menores. Estas sanciones fueron lo suficientemente estrictas y, con respecto a la trata sexual, corresponden con las de otros delitos graves, como la violación. La ley definió la trata en un sentido amplio para incluir la explotación laboral y la adopción ilegal sin el propósito de la explotación. En mayo del 2018, la Asamblea Legislativa modificó la ley para establecer la fuerza, el fraude y la coerción como elementos esenciales y eliminar el movimiento como un elemento requerido para definir el delito. Además del artículo 172, los funcionarios utilizaron delitos relacionados con la trata para procesar casos de trata de personas, incluidos los casos de proxenetismo agravado (artículo 170) y rufianería (artículo 171), que imponían sanciones de entre dos y diez años de prisión. El artículo 189 tipificó como delito el trabajo o los servicios forzados y las penas prevista de seis a 10 años de prisión.
Costa Rica tenía dos fuerzas policiales involucradas en investigaciones de trata: la Policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Profesional de Migración (PPM). La Fiscalía General supervisó ambas unidades de investigación. La oficina del Ministerio Público informó que investigó un total de 74 casos: 45 casos de trata sexual (artículo 172), 18 casos de proxenetismo agravado (artículo 170) y 11 casos de trabajo o servicios forzados (artículo 189) comparados con 62 casos en 2017. El gobierno inició 12 enjuiciamientos y condenó a 10 tratantes según el artículo 172 a sentencias de cinco a 60 años de prisión, en comparación con los 41 nuevos enjuiciamientos y las cinco condenas en virtud del artículo 172 en 2017. El caso más notable involucró un caso de trata laboral transnacional a gran escala, investigado por funcionarios costarricenses y panameños donde presuntos tratantes reclutaron adultos y niños de China e India con falsas promesas de empleos estables y estatus legal. Los tratantes cobraron a estos individuos más de $ 20.000 por transporte y, posteriormente, obligaron a por lo menos 14 víctimas a trabajar en restaurantes, bares y mercados para pagar sus deudas. La investigación resultó en el arresto de 31 personas, incluidos 12 funcionarios del gobierno que presuntamente aceptaron sobornos para permitir que las víctimas ingresaran al país sin la documentación adecuada. Cinco de estos funcionarios permanecieron bajo custodia al cierre del período del informe y siete fueron puestos en libertad en espera de juicio. Las autoridades también condenaron y sentenciaron a un oficial de policía a tres años de prisión por ayudar a una red de trata que operaba en un bar; el oficial apeló la sentencia. El gobierno informó que el exalcalde acusado de establecer una red de trata en el 2011 aún esperaba juicio. El gobierno continuó investigando y procesando a individuos que pagaban a menores víctimas de trata sexual comercial, lo que resultó en 22 condenas en el 2018, en comparación con tres condenas en el 2017 y al menos una condena en el 2016; sin embargo, los funcionarios notaron que los datos estaban incompletos en años anteriores.
Los observadores notaron mejoras en la coordinación entre el Fiscal General y el OIJ, pero una acumulación significativa de casos criminales, incluyendo casos de trata de personas, desaceleró los procesos judiciales. La Corte Suprema aprobó y dedicó fondos para la implementación de un plan de acción en el área judicial, dando prioridad al desarrollo de capacidades para la Fiscalía General, el OIJ y las autoridades judiciales y la sensibilización pública sobre cómo identificar la trata. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata a oficiales de policía, fiscales, funcionarios de migración, funcionarios laborales, funcionarios de bienestar infantil, profesionales de la educación y miembros de la sociedad civil. El organismo interinstitucional contra la trata de personas del gobierno, la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (CONATT), invirtió 133 millones de colones ($ 220.430) en un programa para mejorar la coordinación entre los funcionarios de migración y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que resultó en un aumento de investigaciones por parte de funcionarios de migración.
PROTECCION
El gobierno mantuvo los esfuerzos de protección a la víctima. El gobierno identificó 20 víctimas de trata (ocho víctimas de trata sexual, cuatro de trabajo forzado, una de trata sexual y trabajo forzado, tres de servidumbre doméstica, y cuatro de servidumbre doméstica y de explotación sexual) en comparación con 34 en el 2017 y tres en el 2015. Cuatro de las víctimas fueron costarricenses, seis nicaragüenses, tres hondureños, dos colombianos, un venezolano, dos dominicanos, un chino y un panameño. El gobierno proporcionó refugio y servicios legales, psicológicos y de salud a 20 víctimas y 10 dependientes durante el período que abarca el informe, incluidas 11 mujeres, cinco hombres, 12 niñas y dos niños. Las autoridades policiales y de migración utilizaron procedimientos escritos para identificar a las víctimas entre los grupos vulnerables, como los migrantes y las personas que ejercen la prostitución, y remitieron a las víctimas identificadas a la CONATT para coordinar la prestación de servicios. Los funcionarios públicos utilizaron el “Protocolo institucional para la atención de menores y sobrevivientes de la trata de personas” y el “Manual interinstitucional de atención de menores en trata de personas, trabajo infantil y trabajo peligroso”, que establece los pasos que deben tomar las autoridades cuando identifican un posible caso de trata.
La CONATT coordinó la asistencia a las víctimas, incluida la asistencia de emergencia, a corto y largo plazo, que podría incluir alimentos, alojamiento, atención médica, servicios financieros, legales y psicológicos. La CONATT consiguió alojamiento ya fuera en el refugio de emergencia del gobierno dedicado a las víctimas de la trata, en una casa de seguridad operada por la sociedad civil o en un refugio a largo plazo para mujeres y niños. El gobierno no proporcionó refugios dedicados a víctimas de trata hombres, aunque el refugio de emergencia y las casas de seguridad podrían acomodar a las víctimas de sexo masculino, y el gobierno trabajó para garantizar que las víctimas de sexo masculino recibieran servicios adecuados. El gobierno ayudó a las víctimas menores a través de una red especializada para refugios de menores y de una ONG financiada por el gobierno. Las autoridades remitieron a las víctimas a los servicios, a discreción caso por caso; no todas las víctimas recibieron el mismo nivel de protección. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que las autoridades no siempre implementaron los mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna y recomendaron que el gobierno proporcione transporte para las víctimas a las instituciones que brindan asistencia. A través del Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (FONATT), el gobierno desembolsó 429.6 millones de colones ($ 711.860) para servicios a las víctimas, 583 millones de colones ($ 966.030) para programas de prevención y 150 millones de colones ($ 248.550) para investigaciones y procesos judiciales en el 2018, en comparación con 132 millones de colones ($ 218.720) para financiar servicios de víctimas de trata en 2017 y 122 millones de colones ($ 202.150) en el 2016. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), proporcionó financiamiento directo y un subsidio por víctima, a un albergue para víctimas menores de edad, administrado por una ONG para víctimas identificadas. El gobierno también dirigió 160.3 millones de colones ($ 265.560) a las ONG que brindan servicios a las víctimas de la trata en 2018, en comparación con 97.4 millones de colones ($ 161.390) en 2017 y 91 millones de colones ($ 150.790) en el 2016. Los observadores informaron que, a pesar de los recursos gubernamentales dedicados a la lucha contra la trata, incluidos los servicios a las víctimas, la falta de desembolso de todos los recursos asignados, dificultó la capacidad del país para abordar el problema de la trata. La ley costarricense permitía a las víctimas obtener el estatus de residencia temporal y permisos de trabajo, abandonar el país, presentar demandas civiles contra sus tratantes y brindar testimonio fuera de los procedimientos judiciales. Las autoridades otorgaron a 10 víctimas el estatus de residencia temporal y permisos de trabajo, y a tres víctimas el estatus de refugiado en el 2018 en comparación con dos víctimas a las que se les otorgó el estatus de residencia temporal y permisos de trabajo en 2017. Las autoridades informaron sobre varias víctimas que declararon fuera de los procedimientos judiciales en el 2018, en comparación con las 17 víctimas que declararon fuera de los procedimientos judiciales en el 2017. El gobierno facilitó la repatriación de dos víctimas en 2018, en comparación con una en 2017.
PREVENCIÓN
El gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención. La CONATT, presidida por las autoridades de migración, integró y coordinó los esfuerzos contra la trata de personas entre 22 instituciones públicas, ONG clave y organizaciones internacionales, y mantuvo subcomisiones centradas en la atención a las víctimas, la prevención, la justicia, la investigación y el análisis, y la gestión de proyectos. La CONATT se reunió periódicamente para revisar el progreso en las áreas de investigación, protección, prevención y enjuiciamiento; y presentó un informe público sobre sus logros cada cuatro meses. La CONATT financió y cooperó con una organización internacional para desarrollar una estrategia nacional contra la trata y un plan de acción nacional, pero no adoptó ni publicó oficialmente ninguno de ellos durante el período que abarca el informe. En 2018, el gobierno desembolsó 583 millones de colones ($ 966.030) para programas de prevención específicos de trata, incluido un programa de seguridad comunitaria; desarrollo de capacidades para funcionarios de salud, migración y trabajo, funcionarios municipales, agentes del orden público, maestros y líderes comunitarios; y programas de sensibilización. El gobierno participó en múltiples programas de concientización, que incluyen anuncios publicitarios, una feria binacional y caminatas con Panamá, talleres, simposios y capacitación para líderes comunitarios y empresariales sobre cómo identificar y prevenir la trata. La Policía Judicial también operó la línea directa 9-1-1 disponible para la denuncia general de delitos, pero informó que no recibió llamadas de casos de trata a través de ese mecanismo. El gobierno instruyó a los inspectores laborales para empresas internacionales y nacionales sobre las consecuencias de violar las regulaciones contra la trata, pero no informó haber investigado ni sancionado a ningún inspector laboral por prácticas ilegales que contribuyen a la trata. El gobierno sensibilizó sobre el turismo sexual con niños, integró el código internacional de conducta relacionado con la explotación sexual comercial en las empresas de viajes y turismo en su programa nacional de turismo y brindó capacitación en siete zonas turísticas. Trabajando en colaboración con socios internacionales, el gobierno informó haber negado la entrada a 75 delincuentes sexuales registrados en el extranjero que intentaron viajar a Costa Rica como turistas en 2018.
PERFIL DE TRATA
Como se informó en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Costa Rica, y los tratantes explotan a las víctimas de Costa Rica en el extranjero. Los tratantes someten a las mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país, y las personas que viven en las zonas costeras del Pacífico norte y central son particularmente vulnerables. Las autoridades han identificado a adultos que usan niños para transportar o vender drogas; algunos de estos niños pueden ser víctimas de trata. Las personas LGBTI, particularmente los costarricenses transexuales, son vulnerables a la trata sexual. Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica. Los tratantes someten a los hombres, mujeres y niños migrantes, principalmente de Nicaragua, al trabajo forzoso en la agricultura y el servicio doméstico o la trata sexual. Los migrantes de otros países de América Central, el Caribe, China y América del Sur siguieron siendo vulnerables a la trata, algunos de ellos en ruta a los Estados Unidos. Hombres y mujeres nicaragüenses transitan por Costa Rica en ruta a Panamá, donde algunos son sometidos a trabajo forzoso o trata sexual. Los panameños indígenas también son vulnerables al trabajo forzoso en la agricultura en Costa Rica. El turismo sexual con niños es un problema grave, los turistas sexuales en búsqueda de niños llegan principalmente de Estados Unidos y Europa.
